“Artículo 1º: Declárese de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las distintas provincias y regiones”.
El lunes 16 de abril, por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio el primer paso para la recuperación de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina.
¿Qué significa recuperar esta soberanía? Algunas cuestiones son tan fundamentales para la vida cotidiana de todos y cada uno de los 40 millones de argentinos, que no pueden conducirse de acuerdo al interés particular de una compañía o empresa privada. Esto no es una cuestión de eficiencia. Las empresas privadas son muy eficientes, pero en perseguir los fines que las definen: es decir la maximización de su beneficio particular. Repsol ha sido eficiente en cuidar sus beneficios al costo de descuidar el interés de los 40 millones de argentinos despojándolos del manejo racional de un recurso más que estratégico, vital incluso, para la economía nacional y el bienestar de todos. La política de la empresa española de depredación de los recursos generó desde faltantes de nafta en las estaciones de servicio hasta faltante de combustibles e insumos básicos para las industrias, afectando en el corto plazo la actividad del resto de las empresas y, en el largo plazo, amenazando la posibilidad de continuar con un proceso de crecimiento y desarrollo con generación de valor agregado e inclusión social. Por el contrario, el fin del Estado es, precisamente, garantizar el interés general de todos los argentinos y argentinas, concretamente a través de la continuidad de este modelo que tanto bienestar ha generado a todos argentinos y que éstos convalidaron masivamente en las urnas el año pasado.
Por eso cuando la Presidenta habla de “política de Estado” y dice “YPF es de todos”, quiere decir que no es de un gobierno, sino del Estado Nacional. Es decir, que a diferencia de una empresa privada que no fue electa por nadie, YPF le pertenece a todo el pueblo argentino, ya que es el pueblo el que a través de su voto dirige los destinos de la empresa, del Estado y del rumbo del país. En lo profundo, esta decisión es recuperar la soberanía, la de un pueblo y una nación, a través de su Estado, sobre los destinos de un recurso vital. Esta fue, a su vez, la voluntad de Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón, quienes respectivamente fundaron y engrandecieron YPF. Del radicalismo uno y del peronismo el otro, ambos profundamente democráticos y representativos de los intereses de las mayorías (al punto que fueron derrocados por dictaduras militares que defendían intereses minoritarios), defendieron el ideal de que los destinos de la Nación fuesen decididos según el bien común y por el voto popular, antes que por la presión de intereses mezquinos e inconfesables.
“La economía nunca es libre, o la controla el Estado en beneficio del Pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de éste”.
(Juan D. Perón)
“No estamos contra nada ni contra nadie, sino con todos y para el bien de todos”
(Hipólito Yrigoyen)
Los números que justifican la decisión (porque la única verdad es la realidad)
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